Actualizado el 04.08.26
Los choferes del transporte público de La Paz, Bolivia, propusieron al Gobierno un mecanismo de créditos blandos para acelerar el reemplazo de minibuses y microbuses a gasolina o diésel por unidades eléctricas, aprovechando los compromisos climáticos internacionales del país. La iniciativa, presentada por Limbert Tancara, ejecutivo secretario de Transporte Libre de La Paz, plantea que el Estado gestione financiamiento con tasas de interés incluso más bajas que el crédito productivo, de modo que los transportistas puedan renovar su flota sin asumir un costo financiero elevado.
La propuesta se apoya en el FONGAT (Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte), un mecanismo que el Gobierno boliviano activó a inicios de julio de 2026 con un fondo inicial de 100 millones de bolivianos, capaz de respaldar hasta 1.000 millones de bolivianos en nuevos créditos para el sector. FONGAT contempla dos modalidades: microcréditos de hasta 200.000 bolivianos y créditos para micro y pequeñas empresas (MyPE) de hasta 1,4 millones de bolivianos, con una garantía estatal de hasta el 50% del préstamo, gestionados a través del Banco Unión. Aunque el fondo fue diseñado para la renovación general del parque automotor de transporte público (compra de vehículos nuevos, reparación, repotenciación y adquisición de motores), los dirigentes gremiales ahora piden condiciones específicas y más favorables para quienes opten por unidades eléctricas.
La propuesta llega apenas semanas después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara el Decreto Supremo 5653 (firmado el 9 de julio de 2026), que redujo las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la importación de vehículos eléctricos e híbridos hasta el 31 de diciembre de 2026. Con este nuevo pedido, el gremio del transporte busca que el impulso fiscal a la importación se complemente con financiamiento accesible para las miles de unidades de transporte público que aún operan a combustión en ciudades como La Paz, incluyendo minibuses con capacidad para 14 o 15 pasajeros.
El caso boliviano ofrece un contraste directo con la situación peruana. Mientras la Asociación Automotriz del Perú (AAP) reporta un crecimiento de 86% en las ventas de vehículos electrificados durante el primer semestre de 2026, la penetración de mercado se mantiene en apenas 6%, y la propia AAP señala reiteradamente la falta de incentivos económicos concretos como uno de los principales frenos para una adopción más rápida. En Bolivia, en cambio, son los propios gremios de transportistas los que empujan al Estado a diseñar mecanismos de crédito diferenciados para la electromovilidad, además de la ya vigente reducción arancelaria. Para el transporte público peruano —taxis, colectivos y flotas urbanas que enfrentan el mismo dilema de costos iniciales altos— la experiencia boliviana muestra que el financiamiento accesible, no solo la reducción de aranceles, puede ser la pieza que falta para masificar el cambio hacia unidades eléctricas.
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